Tanto en la era pre-covid como en la actual, las fundaciones, de entre todos los operadores jurídicos, han sido y son las grandes olvidadas por los gobernantes, sean del signo político que sean. Los poderes públicos tienen absolutamente abandonado al sector fundacional, y solamente se acercan a él cuando les interesa en períodos electorales o en busca del voto de determinados colectivos.
Y ello es así, no sólo porque carecemos de una legislación eficiente, que debería dotar de mayor agilidad de funcionamiento y adecuados medios a los órganos de gobierno, sino porque a su vez, en el plano puramente fiscal, hay una preocupante escasez de ideas mínimamente imaginativas, que puedan solventar los problemas de estas entidades, y en particular, las dificultades de financiación para el cumplimiento de sus fines.
En la difícil situación actual, en la que el coronavirus ha provocado una crisis de la que aún desconocemos su alcance, sería un momento especialmente adecuado para que se permitiera a estas entidades tener un papel más activo.
No debemos olvidar que las fundaciones, por su propia naturaleza y por imperativo legal, nacen para cumplir fines de interés general de la sociedad, y cubren muchas carencias que el tan mentado estado del bienestar no alcanza a satisfacer. La labor de la mayoría de las fundaciones es una labor silenciosa, en la retaguardia de la sociedad, pero cubren una serie de necesidades de obligado cumplimiento para intentar cada día lograr una sociedad más justa y equitativa.
En los más de 25 años que llevo asesorando a todo tipo de entidades del Tercer Sector, y en particular a fundaciones, he detectado que uno de sus principales problemas es la ausencia de estructuras profesionalizadas. Muchas entidades están integradas o dirigidas por personas que, robando tiempo a sus familias o a su ocio, aportan su esfuerzo y dedicación de forma altruista a impulsar proyectos sociales, sin esperar nada a cambio. No obstante, la complejidad normativa de la sociedad actual no es ajena al mundo fundacional, y por ello, todas necesitan de un acompañamiento legal en sus actividades que les dote de la máxima seguridad jurídica posible: necesitan tener la tranquilidad de que lo que hacen lo están haciendo bien.
El papel de la Asociación Valenciana de Fundaciones
La Asociación Valenciana de Fundaciones nace para representar y defender los intereses de las entidades asociadas y del conjunto del sector fundacional de la Comunitat Valenciana, así como para impulsar su correcta profesionalización, facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación y así poder cumplir sus fines. Pretendemos sumar esfuerzos para lograr que las fundaciones sean más visibles, tanto para las instituciones públicas como para la sociedad en general.
Necesitamos estructurar las organizaciones como entidades profesionalizadas, capaces de generar recursos por sí mismas. Es una prioridad que requiere de unión, tanto para desarrollar proyectos comunes, como para que las instituciones públicas atiendan las necesidades de las fundaciones de una forma cercana.
Pedimos a la Administración una legislación clara, sencilla, operativa y moderna, que facilite a estos operadores sociales poder cumplir los fines de interés general para los que fueron creados.
En el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana hay más de 800 fundaciones censadas, si bien el número de las que permanecen activas puede ser sensiblemente inferior. No tenemos datos fiables, porque una de las asignaturas pendientes de la Administración es precisamente su digitalización.
La idiosincrasia de las fundaciones en nuestro país es muy heterogénea, tanto como lo puede ser la de nuestro tejido empresarial. A veces se trata de fundaciones creadas por colectivos que detectan carencias asistenciales, educativas, culturales o de cualquier otra índole, pero en otras ocasiones son proyectos impulsados por personas con una sensibilidad especial, que en cierto modo pretenden devolver a la sociedad parte de la fuerza y suerte que ellos han tenido.
Los retos de las fundaciones son muchos; profesionalizar sus estructuras, conseguir una financiación adecuada a los fines que persiguen, ser visibles para la sociedad y los poderes públicos, comunicar adecuadamente la función social que cumplen, que es su razón de ser, pero sobre todo seguir colaborando para intentar lograr una sociedad más justa y equitativa, cubriendo aquellas necesidades sociales que las Administraciones Públicas no alcanzar a satisfacer.
En definitiva, nuestro principal reto es conseguir que nos dejen ayudar, y para ello necesitamos herramientas útiles y efectivas, que deben sernos facilitadas a través de una legislación moderna y con clara vocación social.
